CERMIS Autonómicos
Caen las subvenciones por servicios de acompañamiento y apoyo
COCARMI denuncia incumplimientos del Govern en programas de inserción laboral de personas con discapacidad
La reclamada plurianualidad de los programas, esencial para garantizar la continuidad de los servicios, no se contempla
21/01/2015
El Comité Catalán de Representantes de Personas con Discapacidad (COCARMI) quiere denunciar la falta de compromiso de la Generalitat de Catalunya con la inserción laboral de las personas con discapacidad y/o trastorno mental y con su integración social.
Este incumplimiento queda patente en la Orden EMO/340/2014, de 10 de noviembre, que regula las subvenciones para realizar Servicios Integrales de Orientación, Acompañamiento y Apoyo a la inserción de las personas con discapacidad y/o enfermedad mental (SIOAS). La orden unifica los programas POIN (Programa de orientación y acompañamiento para la inserción de las personas con discapacidad y/o enfermedad mental) y TAS (Trabajo con Apoyo), que hasta ahora recogían estas acciones, y hace pública la convocatoria para el ejercicio 2014-15, de 4,5 millones de euros, 900.000 euros menos (un 20 por ciento) que el presupuesto de las anteriores convocatorias de POIN y TAS, cuando el compromiso inicial del Govern era mantener el presupuesto del ejercicio anterior. Para la convocatoria 2015-16 el presupuesto para el SIOAS baja todavía más, hasta los 2,3 millones, casi un 60% menos que el presupuestado del 2013.
La reducción de recursos destinados a la inserción laboral en la empresa ordinaria de las personas con discapacidad y/o trastorno mental queda patente comparando los datos del año 2011 (en plena crisis económica) y los de 2014. Así, las federaciones miembros de COCARMI y sus entidades tenían contratados en 2011, por los programas POIN y TAS, unos 200 profesionales que atendieron aproximadamente 3.000 usuarios con una aportación de más de cinco millones de euros por parte de la Generalitat de Catalunya; en 2014, el número de profesionales se ha reducido a menos de un centenar, los usuarios serán alrededor del millar de personas y los recursos aportados por parte de la Generalitat no superarán los 3 millones de euros.
Por otro lado, la fusión de las convocatorias de POIN y TAS ha perjudicado los usuarios de este último. El COCARMI solicitó la reserva de una parte del presupuesto específicamente a Trabajo con Apoyo (TAS) en la convocatoria 2014, proporcional a la destinada en convocatorias anteriores, para preservar y reforzar este programa, garantizando los recursos suficientes para las personas con discapacidad con especiales dificultades que opten por el sistema ordinario de trabajo.
El COCARMI considera fundamental, por otro lado, que se garantice la continuidad de los servicios con subvenciones plurianuales, sin periodos de ejecución pendientes de convocatoria. Una vez más, y aduciendo que no es viable, la plurianualidad que se reclama no ha sido atendida. Es igualmente preocupante que no se haya establecido ningún plazo para el abono del anticipo del80 por ciento de la ayuda que ya se ha concedido; esta situación genera indefensión y una gran incertidumbre en las entidades, ya ahogadas económicamente por el deficiente funcionamiento de la administración, y les causa tensiones de tesorería y dificulta la continuidad de los servicios de inserción.
Son diversos los estudios que han demostrado que las políticas activas de empleo para personas con discapacidad son rentables no sólo desde el punto de vista social sino también desde el punto de vista económico.
Mientras tanto, y según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) correspondientes a 2012, el36,6 por ciento de las personas con discapacidad en España estaban activas, lo que significa 40puntos por debajo de la media de la población en general, que se sitúa en el 77 por ciento.
Dar la espalda al colectivo, que es especialmente vulnerable, y reducir las inversiones y los programas que facilitan su integración laboral no hace sino condenarnos a la exclusión social y la estigmatización, al tiempo que va en contra de los principios de la Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea, basada en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 2006, que reconoce el acceso al mercado de trabajo en igualdad de oportunidades. Hay que tener en cuenta que la exclusión del mercado laboral de nuestro colectivo es muy superior a la del resto de la población (agravada en el caso de las personas con discapacidad intelectual o con trastorno mental) y, por lo tanto, hay que aplicar medidas concretas que respondan a la diversidad del colectivo y a nuestras necesidades de apoyo.